"El Jockey no impulsará nada que los socios no aprueben expresamente. Después de escuchar algunas objeciones, entiendo que muchos socios tienen razón en algunas de sus argumentaciones. Pero pensamos que el contrato con Born puede mejorarse. Y si no se avala este proyecto, que se discuta algún otro. Lo que no se puede es seguir teniendo tierras en desuso, en algunos casos cedidas en comodato a terceros, que aportan cero rentabilidad a un club que necesita ingresos genuinos."
Los conceptos pertenecen a Bruno Quintana, quien ante LA NACION dejó en claro que el Jockey Club que preside debe encontrarle un destino rentable a una porción de tierras que funcionan como uno de los pulmones más valorados de San Isidro. Ocupadas parcialmente por juegos infantiles que no generan ingresos directos al club, ya que las tierras fueron cedidas por una institución de beneficencia que es la que recoge el alquiler, esos terrenos carecían hasta diciembre pasado de normativa en el Código de Planeamiento Urbano de San Isidro.
Figuraban bajo la denominación E-H (esparcimiento e hipódromo) en la zonificación, pero nada se especificaba sobre lo que allí podía construirse. Por ese motivo, el Consejo Deliberante del municipio le otorgó la misma zonificación que las restantes 300 hectáreas del Jockey, que corresponden a E-C (esparcimiento-club), con factores de ocupación del suelo y totales bastante restrictivos. Por ello el destino de las tierras es limitado y su valuación, según Mieres y H. Hyland, está estimada entre US$ 3 y 4 millones por hectárea.
"Que alguien presente un proyecto mejor y más rentable -arengó Quintana-. Nosotros pensamos en un alquiler, justamente, para no tener que desprendernos de valiosos activos."
En la otra vereda de la disputa, varios socios en reserva contaron a LA NACION que en el conflicto hay tres grandes grupos: "Están los que quieren mantener el statu quo y no innovar; los que prefieren vender las tierras para desvincularse de cualquier responsabilidad civil a futuro en un estadio, y están los que quieren usufructuar las tierras con un alquiler. Deberán debatir y ponerse de acuerdo", dijo la fuente.
En tanto, entre los vecinos también hay una división, aunque mucho menor. Las juntas vecinales de los barrios más próximos al predio, como De las Carreras, Barrio Parque Aguirre, Las Lomas y Acassuso, lo resisten de forma categórica "por desvirtuar el espíritu sanisidrense". Aducen "un impacto ambiental negativo y acumulativo" que congestionará con más tránsito arterias ya saturadas, como Thames, Márquez y Centenario y próximas a un hospital que debería tener accesos despejados para la libre circulación de ambulancias. Y entre otros puntos cuestionan el volumen de efluentes líquidos en una red cloacal ya saturada, sin capacidad para admitir un volumen para 15.000 personas.
Fuente: LA NACION | Martes 03 de mayo de 2011 | Publicado en edición impresa
